Como bien sabéis, desde hace años estoy especializado en los procedimientos de nuevas tecnologías, ciberdelitos y, por supuesto, ciberseguridad. La situación actual me preocupa y no es para menos.

Hace ya 3 años (sí, 3 años) que un agente vírico provocó una pandemia mundial y, por desgracia, el miedo hizo el resto. A partir de ahí, se apostó de manera clara por tres factores de la nueva revolución industrial o tecnológica. Entre ellos, se encontraba la transición digital y el teletrabajo.

Como nos tienen acostumbrados nuestros “diligentes” gobernantes, con su política vacua o de eslogan, se empezó la casa por el tejado. Es decir, se destinaron ingentes cantidades de dinero (que ya veremos dónde terminan) en el desarrollo digital, pero se olvidaron de algo que debería haber evolucionado también de manera paralela… la seguridad. La sociedad, a lo largo de los siglos, había creado muros de cemento que guardaban nuestra privacidad, datos, ahorros, secretos de estado... Estas protecciones físicas han sido volatilizadas, comenzando una nueva carrera a destiempo, para tratar de tapar esa caja fuerte sin paredes.

El tiempo corre en nuestra contra. Soy testigo de vidas arruinadas, suicidios, negocios clausurados, impotencia y la capacidad de que una persona con 1.000 euros, internet y un sinfín de conocimiento digital a su alcance, se convierta en un potencial ciberdelincuente (sí, ellos también han apostado por la digitalización). En los últimos años, han aumentado de manera significativa el número de delitos informáticos (España registró más de 305.000 en 2022, aumentando casi en un 400% respecto a los años 2020 y 2021, que en realidad serán muchos más, pero no se llegan a denunciar).

Ahora, en contraposición, tenemos un sistema judicial, policial y militar absolutamente vocacional, eficiente y decidido para poder ayudar a los ciudadanos, pero (siempre los hay) carecen de los recursos, conocimientos especializados y capacidad para gestionar esta situación ellos solos. Siendo un talón de Aquiles, la congestionada y desconocida cooperación internacional. En definitiva, cerca de 55 millones de potenciales víctimas entre ciudadanos, empresas y entes públicos solo en España. Si vamos a la propia administración, la situación no mejora. Se filtran continuamente datos del punto neutro judicial, entre otros... Es tan grave el problema, que ya no se puede ocultar.

Criticar sin proponer soluciones solo es perder o hacer perder el tiempo. Por lo pronto, dejo las mías: apostar por la concienciación masiva de la ciudadanía, preparación y más medios para nuestros profesionales, acelerar la colaboración internacional REAL y, sobre todo, apostar de facto por la ciberseguridad de calidad.

No todo está perdido y aún estamos a tiempo. Pero sin inversión y medios, tenemos la derrota asegurada.